· Competencia e innovación en instituciones de tecnología financiera.

Problemática:

Internet ha transformado las estructuras de negocios, la interacción entre las empresas y la forma en que éstas y las personas consumidoras adquieren información, bienes y servicios.

En octubre de 2017 el Ejecutivo Federal envió a la Cámara de Senadores la iniciativa de Ley para Regular a las Instituciones de Tecnología Financiera, denominada Ley Fintech, misma que fue aprobada y publicada en Marzo de 2018.

En ese entonces la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) emitió una opinión dirigida al Senado con propuestas de modificación a la iniciativa con el fin de construir un marco que fomente la competencia e innovación y aunque se tomaron en cuenta ciertos puntos, aún falta tomar en cuenta:

· Establecer explícitamente que las personas usuarias son propietarias de su información y regular las contraprestaciones por la transmisión de datos.

· Obligar a las instituciones de crédito a prestar servicios financieros a las Instituciones de Tecnología Financiera, en condiciones no discriminatorias,

· El uso de cualquier infraestructura tecnológica.

· La regulación debe estar abierta a nuevos modelos de negocio, puesto que la innovación en el sector financiero es muy acelerado.

· Reducir los plazos de autorización y trámites, así como otorgar certeza jurídica para la operación de nuevos modelos de negocio.

 

El Partido Verde propone:

En atención a estas recomendaciones, la senadora del Partido Verde, Alejandra Lagunes Soto busca mejorar la llamada Ley Fintech, simplificando los trámites de 90 a 60 días para la creación de empresas de tecnología financiera, con la finalidad de fomentar competencia e innovación, además de que no se les imponga algún tipo de tecnología específica para operar.

De igual manera solicitó modificaciones a la Ley para permitir que las instituciones de financiamiento colectivo y las instituciones de fondos de pago electrónico no requieran que la Ley Fintech sea reformada cada que se requiera incorporar actividades que pueden ser autorizadas por las autoridades en la materia.

 

Beneficios: Estimular el desarrollo y bienestar de las y los consumidores, facilitando la innovación, la competencia y promoviendo la competitividad en el mercado de instituciones de Tecnología Financiera.