· Se faculta a la PROFEPA con herramientas actuales para castigar daños ambientales
Los senadores del Partido Verde en el Senado de la República celebraron la aprobación de un dictamen mediante el cual se busca modernizar los actos de inspección, vigilancia y los actos de investigación en materia de daño ambiental, establecidos en diferentes leyes, con lo que se unificaría en un solo ordenamiento las reglas de procuración de justicia ambiental.
Explicó que los procedimientos administrativos de inspección y vigilancia constituyen un elemento fundamental del sistema de impartición de justicia ambiental en el país.
Sin embargo, estos procedimientos se realizan bajo la lógica con la que fue diseñada la legislación ambiental de 1988, es decir, llevan casi 30 años desahogándose de la misma manera.
Por ello, el senador Jorge Aréchiga Ávila comentó que el dictamen aprobado realiza diversas modificaciones a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), a la Ley General de Bienes Nacionales, a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, a la Ley General de Vida Silvestre, la Ley General de Cambio Climático, a la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y a la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.
Toda vez que el diseño vigente del ejercicio de las facultades de inspección y vigilancia ignora que el Derecho Ambiental mexicano ha evolucionado hacia nuevas figuras y conceptos, incluyendo una diversificación de sus materias, como las relativas a los residuos, la bioseguridad o la responsabilidad ambiental.
Situación que ha propiciado que los procedimientos de inspección y vigilancia, que materialmente representan los mecanismos para hacer cumplir las normas ambientales, requieran adaptarse no sólo al contexto ambiental que impera en la actualidad, sino también a los avances tecnológicos, comentó Aréchiga Ávila.
Por lo que, resaltó que resultaba impostergable modernizar las facultades de inspección y vigilancia que ejerce la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) a fin de que pueda iniciar procedimientos sancionatorios a infractores, con base en múltiples medios de prueba, como peritajes, documentos e incluso testimonios de quienes han presenciado una infracción o daño al ambiente. Lo que resultaba imposible con las leyes actuales.
En este sentido, Aréchiga Ávila mencionó que el dictamen regula por primera vez los actos de prevención y vigilancia, sujetándolos a reglas de actuación transparentes, y medidas alternativas de solución.
Asimismo, establece medidas cautelares para la reparación y compensación del daño ambiental, actos de vigilancia, actos de inspección, de verificación, investigación técnica, y notificaciones personales en la materia.
Además, se establece el proceso para presentar las denuncias, la publicación de las recomendaciones del la PROFEPA, los procesos para la etapa de investigación y en visitas.
Se incluyeron medidas de seguridad cuando exista daño o riesgo inminente de daño al ambiente; se describe el procedimiento para la etapa de resolución, revisión y ejecución.
Además, procura la coordinación y articulación de autoridades, no sólo las del sector ambiental, sino también la de las corporaciones de seguridad pública, como la Gendarmería Ambiental.
Con todo lo anterior se establecerá un procedimiento único, con reglas aplicables de manera homogénea a todas las leyes que integran el sistema jurídico mexicano en materia ambiental; así como un componente preventivo, que coincide plenamente con la naturaleza de los daños ambientales, los cuales requieren anticiparse a su realización por tratarse de daños generalmente irreversibles.
El legislador destacó que se establece que el Fondo de Responsabilidad Ambiental podrá destinarse al desarrollo de la infraestructura pericial, y recibir los depósitos que por concepto de la suspensión condicional de proceso a prueba, sin menoscabo del cumplimiento de las obligaciones de reparación y compensación del daño procedentes de los delitos contra el medio ambiente.
Finalmente señaló que la PROFEPA cuenta con un limitado número de inspectores para garantizar la aplicación de todas las leyes ambientales que han sido expedidas por el Congreso de la Unión, lo cual hace necesario dotarla de las herramientas legales que le permitan cumplir con su importante mandato.
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
