Los diputados del Partido Verde en el Congreso de Guanajuato invitaron a los gobiernos de los 46 municipios del Estado a otorgar un descuento del 50% del impuesto predial a los ciudadanos que pagan seguridad privada para su autoprotección.

El diputado Israel Cabrera Barrón lamentó que la violencia e inseguridad en Guanajuato ha llevado a los ciudadanos a gastar en autoprotegerse. “En los últimos años hemos estado inmersos en una guerra encarnizada contra el crimen organizado y la delincuencia imperante de cada ciudad y comunidad. A tal grado que Guanajuato está considerado como el Estado más violento e inseguro del país, de acuerdo a los reportes mensuales que pública el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como las encuestas nacionales que publica el INEGI en materia de seguridad pública y victimización. En todas ellas, siempre el estado de Guanajuato está en los primeros lugares”.

“¿Y entonces, qué están haciendo las personas para protegerse del crimen organizado y de la delincuencia? Pues han optado por no salir de sus casas en la noche, no frecuentan zonas de alto riesgo, tratan de ir siempre acompañadas a realizar pagos o trámites, esconden sus pertenencias, invierten más dinero en protección y seguridad parar sus viviendas y negocios, entre otros aspectos”, recordó.

Por su parte, la diputada Vanessa Sánchez Cordero reprobó que los ciudadanos al contratar servicio de seguridad privada están haciendo una doble contribución, por un lado el impuesto predial y por el otro la empresa privada, mientras que es responsabilidad principalmente del Municipio, del Estado y la Federación.

Cuestionó la incongruencia del Partido Acción Nacional, que a través de su comisionada de seguridad del Estado, culpa a los ciudadanos del aumento de los robos a casa por falta de autoprotección, pero al mismo tiempo los diputados del PAN se niegan a solicitar a los 46 municipios del Estado que les otorguen este descuento a los ciudadanos en este impuesto.

“Entonces, si van a corresponsabilizar a los ciudadanos, no los hagan que tributen doblemente, no los hagan que paguen por un lado predial y por el otro les paguen a las empresas que les van a proveer la seguridad que el municipio debería proporcionarles” exigió.

Sánchez Cordero no descartó que a futuro las empresas de seguridad privada sean reguladas y aporten un apoyo a la seguridad de los municipios, “pueden suplir las deficiencias de los elementos policiales al hacer labores de proximidad, obviamente no van a hacer las funciones de la policía municipal, pero sí pueden coordinarse y proveer un mejor sistema de seguridad pública municipal”.