Por propuesta de los diputados del Partido Verde, la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, deberá rendir informes cuatrimestrales a los diputados sobre el seguimiento de las sanciones que se hicieron contra funcionarios que cometieron actos de corrupción, los cuales derivaron de un proceso de fiscalización.
Los cambios que se han hecho en los últimos años a la Ley de Fiscalización pretenden garantizar que la Auditoría Superior realice procedimientos con plena autonomía, para combatir de manera frontal la corrupción y la opacidad, y desterrando cualquier duda de sumisión o dependencia al Congreso del Estado.
Sin embargo, actualmente no se permite a los diputados que integran la Comisión de Hacienda y Fiscalización, ni mucho menos al total de los diputados del Congreso, conocer con seguridad y detalle el seguimiento de las observaciones, tanto administrativas, como civiles, penales o fiscales.
Ante esto, la diputada del Partido Verde, Vanessa Sánchez Cordero, presentó una iniciativa que establece que una vez que la Auditoría Superior emprenda las acciones de responsabilidad de cada informe de resultados, deberá remitir de manera cuatrimestral a la Comisión de Hacienda y Fiscalización, un informe detallado de la imposición de responsabilidades derivadas de los procedimientos de fiscalización, así como el seguimiento de las recomendaciones correspondientes.
“Los diputados que integramos el Grupo Parlamentario del Partido Verde, consideramos que esta iniciativa incorpora un elemento faltante para la transparencia y rendición de cuentas del sistema estatal anticorrupción, porque da claridad, certidumbre y mantiene la autonomía de la Auditoría Superior del Estado”, dijo Vanessa Sánchez.
El informe cuatrimestral deberá contener:
• El estatus de la imposición de responsabilidades administrativas, así como el seguimiento de las presuntas responsabilidades civiles, penales y fiscales.
• Estatus que guarda el cumplimiento de las observaciones y acciones promovidas.
• Cuantía de daños y perjuicios recuperada derivada de los procedimientos respectivos por parte de las autoridades competentes.
• Acciones correctivas realizadas por los órganos internos de control que, derivado a la imposición de responsabilidades se eviten actos que se puedan incurrir en responsabilidad a servidores públicos.
• Acciones que se han implementado para solventar las recomendaciones derivadas del procedimiento de fiscalización.