Debido a las omisiones que señaló la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre los gastos que hizo el Gobierno de Guanajuato en publicidad oficial, la diputada del Partido Verde, Vanessa Sánchez Cordero, solicitó una explicación.

“Consideramos que la centralización del ejercicio presupuestario y el área directa de la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado, propicia el uso discrecional y excesivo de la asignación y contratación de publicidad oficial con fines ajenos a la utilidad pública que debiera tener ésta, puesto que la publicidad oficial debe tener como fin mantener informada a la población sobre los planes, programas y acciones de la Administración Pública Estatal”.

“El tema no es menor, estamos hablando de que el ejercicio fiscal anterior se aprobó un presupuesto de $174,336.819 para Comunicación Social del Gobierno del Estado de Guanajuato y en ese mismo año se ejerció la cantidad de $390,019,234. En los años, 2015 y 2016, el gasto en medios ascendió a 235 y 223 millones de pesos, superando notablemente el promedio de los ejercicios anteriores”, refirió.

Sánchez Cordero exhortó al Gobierno de Guanajuato a que envíe a los diputados locales un informe detallado de las acciones implementadas para remediar los excesos reportados en el informe especial sobre asignación y contratación de publicidad oficial que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Dentro de este informe, solicitó también, las acciones y criterios que se tienen planeados y programados para el Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el ejercicio 2019 en este rubro, “con la finalidad de garantizar los elementos de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez en la aplicación de su presupuesto”.

Hoy en Tribuna, Vanessa Sánchez reprobó las omisiones que el Gobierno del Estado cometió de acuerdo con la CNDH:

• No establece reglas, criterios y/o directrices para la contratación y asignación de publicidad oficial.

• No establece procedimientos de evaluación y supervisión de normatividad sobre la selección de los medios.

• De los registros, se observa que todas las contrataciones incorporadas en el portal de transparencia se han realizado mediante adjudicación directa, con el señalamiento de que la justificación de dicha modalidad es “Por cobertura”.
No obstante, en ningún apartado de ese portal se dan a conocer los medios, instrumentos, o herramientas empleados por la autoridad para arribar a tal determinación y tampoco se establecen distinciones en relación con la población objetivo, para discernir si la cobertura debe ser la única variable para la selección del medio.

• No cuenta con un Programa Anual de Comunicación Social, sino una presentación que refiere “objetivo, misión, visión y valores”, de la Coordinación General de Comunicación Social.

• No existe un proceso de evaluación del gasto, así como para identificar los parámetros o condiciones que determinan la selección de medios objeto de contratación y asignación de publicidad oficial.

Convocó a sus compañeros diputados a que tengan apertura para realizar las reformas correspondientes a fin de contar con los instrumentos o mecanismos para dar transparencia, certidumbre y legalidad a la aplicación de los recursos que asigna el Gobierno de Guanajuato en el rubro de comunicación, “ya que los procesos y proyectos plasmados en sus metas no nos dicen nada, son solo enunciativos”.

“El uso discrecional del recurso público, alejado de la eficacia, transparencia y honradez, sobre todo cuando este se utiliza como medio para “premiar” o “castigar” a ciertos medios de comunicación, es corrupción; por lo tanto, y toda vez que las distintas fuerzas representadas en esta Asamblea nos hemos pronunciado infinidad de ocasiones como comprometidos con el combate a ese grave flagelo que es la corrupción, es necesario que se tomen acciones determinantes y eficaces para soportar el andamiaje normativo, administrativo y operativo de la asignación y contratación de publicidad oficial”, resaltó.

Por ahora, recordó que el pasado 11 de mayo de este año, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de Comunicación Social que entrará en vigor el 01 de enero de 2019 y que el Estado de Guanajuato tendrá que legislar. Esta Ley, tiene por objeto establecer las normas a las cuales deberán sujetarse los Entes Públicos, a fin de garantizar que el gasto en Comunicación Social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, y que respete los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivos.

Es decir, las dependencias no podrán influir en los periodistas o coberturas noticiosas; la asignación de recursos se hará con criterios de eficiencia y transparencia económicas; se vigilará y fiscalizará el destino de cada presupuesto en pauta publicitaria; y, los medios pelearán la pauta oficial con base en su cercanía con la sociedad, no por sus relaciones con el poder.