Las y los candidatos a alcaldes, diputados locales y federales firmaron los 21 compromisos que está proponiendo el Frente Nacional por la Familia, Iniciativa Ciudadana y demás organizaciones, los cuales están divididos en tres puntos: a favor de la vida, la familia y las libertades.

Por lo que de esta manera se comprometen a promover la defensa de la dignidad de la persona humana, de la vida, de la familia, de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.

El documento que lleva por nombre "21 Compromisos para el 21", fue firmado por las y los candidatos a presidentes municipales de Tepezalá, de Rincón de Romos, Pabellón de Arteaga y Calvillo, Leticia Olivares, Andrés Durón, Olga Piña Guzmán y Chilo Martínez, respectivamente.

En el caso de las y los candidatos a diputados locales firmaron Martín Muñoz, Ricardo Mares Monreal, Sandra Olivia Martínez Rodríguez, Rafael Luna, Luis Pablo Torres, Alfonso Acuña y Cristal Ponce, de los distritos, I, II, V, VII, VIII, XI y XII, respectivamente.

Así mismo también firmaron las candidatas a legisladoras federales por el primer y tercer distrito, Claudia Ramírez y Aída Karina Banda Iglesias, respectivamente.

Entre los puntos que se comprometen a realizar los candidatos a alcaldes destacan: que la persona humana, su dignidad y sus derechos sean el centro de las preocupaciones, decisiones y de las políticas públicas; así mismo impulsar la creación del Instituto de la Familia Municipal, que los padres tengan el derecho de elegir el tipo de educación de acuerdo con sus convicciones morales y religiosas, entre otros.

En cuanto a las y los candidatos a diputados locales se compromete a legislar para detener la violencia contra de las mujeres en los centros de atención médica, incluida la violencia obstétrica, a proteger la institución jurídica del matrimonio como la unión complementaria y equitativa entre un hombre y una mujer, implementar el Plan Estatal de Educación Familiar, entre otros.

Por último, las candidatas a diputadas federales legislarán a favor de que las asociaciones religiosas puedan poseer en propiedad o administrar concesiones para la exploración de estaciones de radio, televisión o cualquier otro tipo de telecomunicación, para que el Estado garantice el derecho humano a la libertad religiosa, que no se utilice la información de los ciudadano que reciben programas sociales con el fin de manipular el voto.