Con la venia de la presidencia.
Una de las funciones que tenemos como legisladores es la revisión constante de nuestro orden jurídico con la finalidad de modernizar, actualizar y adecuar a la realidad y los tiempos que vivimos las leyes y normas que lo conforman.
En nuestro orden jurídico existen leyes que en su tiempo fueron indispensables para atender una problemática específica o subsanar alguna insuficiencia legal, sin embargo, en la actualidad han perdido vigencia, ya sea por haber cumplido con el fin para el cual fueron creadas o por haber perdido materia.
En este orden de ideas, abrogar leyes que han dejado de tener sentido nos parece que es un esfuerzo que se debe hacer de manera periódica para ir adelgazando un marco jurídico que a veces parece muy voluminoso, gracias a leyes que han dejado de tener correspondencia con la realidad y por lo cual resultan ya innecesarias.
Este es el caso del Estatuto de las Islas Marías, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1939. Lo primero que hay que señalar es que se trata de un ordenamiento que data de hace 80 años y que mucho se ha transformado la realidad desde entonces.
No se debe perder de vista que el establecimiento de las Islas Marías como prisión se dio durante el Porfiriato, en mayo de 1905, y su propósito principal fue el de aislar de la sociedad a los reos más peligrosos del país, así como a los presos políticos del régimen.
La expedición del Estatuto al que se hace referencia tuvo como finalidad destinar el archipiélago Islas Marías para el establecimiento de una colonia penal, a fin de que pudieran cumplir en ella la pena de prisión los sentenciados federales o del orden común que determinara la instancia federal encargada de la seguridad pública.
En el contexto anterior, el aislamiento, en este caso teniendo al mar de por medio entre las personas privadas de su libertad y la sociedad, era considerado como una forma de castigo para quienes se encontraban compurgando una pena.
Lo anterior demuestra de modo fehaciente que la realidad de nuestros días ya no es la misma que hace 80 años, pues en la actualidad el aislamiento como forma de castigo es considerado una pena infamante que atenta en contra de los derechos fundamentales de las personas y por lo cual no tiene cabida en el orden jurídico mexicano, mucho menos después de la reforma sobre la materia de 2011.
Si bien es cierto que la colonia penal establecida en el territorio de las Islas Marías se fue transformando paulatinamente en un espacio con condiciones mucho menos estrictas que las que enfrentan los reos de otros centros penitenciarios en el país, al grado de que existían internos que vivían en el lugar con su familia, lo cierto es que éste nunca dejó de representar una forma de aislamiento, pues no se puede soslayar que ir de tierras continentales a las islas implicaba un viaje de más de siete horas, lo cual complicaba a muchas familias poder visitar a los sentenciados con la frecuencia deseada, afectando con ello las posibilidades de readaptación y reinserción social.
A lo anterior, se suman como argumentos a favor de la abrogación del ordenamiento en cuestión, la necesidad de abatir los altos costos de operación que representaba para el Estado mexicano la colonia penal de las Islas Marías, pues es evidente lo ineficiente e irracional que resulta mantener en operación un lugar que albergaba a poco más de 600 presos, teniendo capacidad para más de cinco mil.
Finalmente, celebramos la voluntad del gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador de convertir a las Islas Marías en un espacio para que las niñas, niños y jóvenes puedan realizar actividades educativas, culturales, deportivas y de acercamiento con la naturaleza, lo cual corresponde mucho más a la vocación que ya tenía el territorio sobre el cual se asienta el complejo penitenciario, en virtud del decreto del 1° de agosto de 2003, es decir, el de un área natural protegida, con carácter de reserva de la biósfera.
Es por los motivos anteriores que el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México votará a favor del dictamen con proyecto de decreto que pone a nuestra consideración la Comisión de Gobernación y Población.
Es cuanto.
PARTIDO VERDE
