Con la venia de la Presidencia

Compañeras y compañeros legisladores;

Recientemente se cumplieron dos años de que sucediera el derrame de sustancias tóxicas en los ríos Sonora y Bacanuchi, provenientes de la mina Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México.

Recordemos que fueron siete los municipios sonorenses afectados por la contingencia ambiental y que la contaminación del agua llevó al cierre temporal de pozos, lo cual no sólo afectó la actividad productiva de miles de agricultores y ganaderos sino que puso en grave riesgo la salud y el derecho al agua.

Cabe señalar que las investigaciones de la autoridad revelaron que no obstante que Grupo México tuvo conocimiento de inmediato del derrame, lo ocultó por varios días a la población y a las instancias oficiales a las cuales debió dar aviso.

Finalmente Grupo México se vio obligado a reconocer que la contaminación del río Sonora se debió a una falla en la construcción del sello de una de sus tuberías, por lo cual, con base en lo establecido por la recientemente creada Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, se le impusieron las multas y obligaciones a las que hace referencia el punto de acuerdo que estamos discutiendo.

Lamentablemente, hemos sido testigos de la falta de seriedad de Grupo México para cumplir los compromisos asumidos por la empresa para reparar el daño causado por su negligencia.

En el Partido Verde luchamos durante muchos años para que nuestro país contara con un sistema de justicia ambiental de vanguardia, racional y equilibrado como el que establece la Ley Federal de responsabilidad Ambiental y que permite garantizar que el daño ambiental ocasionado por la irresponsabilidad de una persona o empresa sea reparado, lo cual va más allá de la simple compensación o indemnización de carácter económico.

Quiero resaltar que la Ley es esencialmente conciliatoria e impulsa con todo vigor los mecanismos alternativos de resolución de conflictos ambientales, pero ello no significa que se dé pie a la impunidad, pues las sanciones administrativas y penales son aplicables, aún y cuando haya conciliación.

Fueron muchos los esfuerzos que debieron sumarse para lograr que quien contamine repare el daño, por este motivo no vamos a permitir que Grupo México siga incumpliendo los compromisos adquiridos para la reparación del daño ambiental, porque la esencia de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental es precisamente evitar que la protección del medio ambiente se subordine a los intereses económicos, por encima de los cuales deben estar también el derecho de los mexicanos a la salud y al acceso al agua potable.

Por lo aquí expuesto, votaremos a favor de la aprobación del presente punto de acuerdo.

Es cuanto señor Presidente.

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO