Con la venia de la presidencia;
El COVID-19 les ha costado la vida a millones de personas y ha causado múltiples estragos en la salud de la población de todo el mundo, además, las medidas sanitarias para evitar su propagación han generado grandes afectaciones en el ámbito económico y social.
La magnitud de la crisis provocada por la pandemia hizo que se acelerarán de manera extraordinaria los esfuerzos de la comunidad científica para encontrar la vacuna que permite inmunizar a las personas y de esa forma estar en condiciones de volver gradualmente a la normalidad.
Regularmente, una vacuna lleva muchos años para ser desarrollada, pero en el caso de la vacuna contra el COVID-19 su desarrollo ha tardado menos de un año; esto se debe, además de la urgencia, a la disponibilidad de tecnologías modernas y a la experiencia acumulada recientemente en la producción de vacunas contra otros coronavirus.
A la fecha, existen ya vacunas seguras desarrolladas por diversos laboratorios de diferentes partes del mundo que garantizan una alta tasa de efectividad y que suponen una luz de esperanza al final del túnel para que la humanidad supere la pandemia.
En este contexto, se han realizado diversos esfuerzos para lograr que la vacuna sea accesible para toda la población y para afrontar el reto logístico que implica inmunizar a miles de millones de personas alrededor del planeta.
Nuestro país fue uno de los primeros en buscar acuerdos con los fabricantes de vacunas con el fin de asegurar una cantidad suficiente de dosis para todos los mexicanos. Igualmente, México fue promotor y pionero de iniciativas en las Naciones Unidas como lo es el mecanismo COVAX para asegurar que los países menos favorecidos tuvieran un acceso equitativo, justo y rápido a las vacunas contra el COVID-19.
Así mismo, el gobierno de nuestro país, al igual que lo han hecho otros gobiernos del mundo, ha establecido ya planes de vacunación que priorizan la inmunización de ciertos grupos poblacionales, por ejemplo, el personal médico que se encuentra en la primera línea de combate en contra del COVID-19, en primer lugar, y, posteriormente, los adultos mayores y otros grupos vulnerables por su condición de salud.
Las pautas sobre cómo distribuir la vacunación contra el COVID-19 seguidas por los diversos gobiernos del mundo están basadas en las sugerencias de comités de científicos y expertos en medicina e ingeniería y tienen como principal prioridad maximizar el beneficio social reduciendo las tasas de muerte, discapacidad y
El pasado viernes 22 de enero el Presidente de la República adelantó en su conferencia de prensa matutina que había instruido a la Secretaría de Salud para que emitiera un decreto que permita a cualquier empresa o gobierno local del país adquirir vacunas, lo cual hasta hace unas cuantas semanas no era posible.
No obstante, lo anterior, integrantes de la industria farmacéutica aclararon que para que esto ocurra deben pasar al menos tres meses, periodo en el que se espera que los distintos laboratorios hayan ampliado su capacidad de producción.
Las dificultades para el acceso a la vacuna por parte de particulares han generado que algunas personas realicen intentos indebidos para ser vacunados sin ser parte de los grupos que los planes de vacunación de las autoridades sanitarias han establecido como prioritarios.
Apenas comenzó la aplicación de la vacuna en el territorio nacional, los medios de comunicación dieron cuenta de un par de casos de servidores públicos en el Estado de México y en Coahuila que, abusando de su posición, lograron acceder de manera indebida a ésta para ellos y para algunos de sus familiares.
Tristemente, estos son sólo dos ejemplos de arbitrariedad y falta de empatía con los demás que pudieran seguirse presentando en nuestro país hasta en tanto no se facilite y agilice el acceso a las vacunas, lo
cual, conviene aclarar, dependerá de la disponibilidad de dosis que garanticen los fabricantes.
Abusos como los señalados no pueden permitirse y merecen ser castigados, la vacuna en México es universal y gratuita, sin embargo, el acceso a la misma debe ser ordenado y de acuerdo con lo dispuesto por la autoridad sanitaria.
Actualmente, la Ley General de Salud no prevé un castigo para quienes, aprovechándose de su posición, accedan indebidamente a vacunas destinadas a acciones extraordinarias de vacunación como es el caso del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19.
Por lo anterior, en el Partido Verde proponemos adicionar un artículo 462 Bis 2 a la Ley General de Salud para establecer que se aplicará de uno a nueve años de prisión y una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización al servidor público que gestione, tramite, facilite o promueva el acceso indebido a vacunas, contraviniendo lo dispuesto por las autoridades sanitarias en los programas de inmunización extraordinaria en caso de epidemia grave, para sí o para su cónyuge, descendiente o ascendiente, parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado o cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos o de dependencia administrativa directa.
Es cuanto, muchas gracias.
