Con la venia de la presidencia.

La educación, es el medio idóneo a través del cual las personas pueden superar las condiciones de pobreza, marginación y exclusión social en el que se encuentran, toda vez que posibilita el acceso a otros derechos fundamentales para su desarrollo y bienestar.

En este contexto, el Estado debe de garantizar las condiciones necesarias para que todos los sectores de la población tengan acceso a la misma, en condiciones de igualdad y de no discriminación.

La educación por las características con las que cuenta, es un derecho humano fundamental, protegido a nivel internacional a través de acuerdos y tratados internacionales, y a nivel nacional por las leyes propias de cada país.

En el caso de México, en las últimas décadas se ha logrado importantes avances en materia de cobertura educativa, lo que significa en lo que respecta a educación básica, que esta sea impartida prácticamente de forma universal.

A pesar de lo anterior, es importante mencionar que el sector educativo de nuestro país, es uno de los más grandes y complejos del mundo, lo que implica que enfrentemos grandes retos en materia de planeación y regulación tanto de planes de estudios por nivel educativo, como de la infraestructura necesaria para su impartición; por lo que se ve en la necesidad de apoyarse el sector privado para poder ampliar la cobertura de los servicios educativos en el país, y ser utilizada por las familias que así lo decidan.

La educación en nuestro país, en concordancia con las leyes mexicanas puede impartirse de forma gratuita mediante el financiamiento público, o a través de la prestación de servicios por particulares, con el objetivo de atender las necesidades y demandas de la población.

La educación que se imparte en nuestro país, ya sea pública o privada, debe apegarse a lo establecido en las leyes aplicables en la materia, así como en lo dispuesto por la Secretaría de Educación Pública.

En lo que respecta a la educación básica y media superior, que se imparte por particulares, es pertinente hacer mención que, por su carácter, no cuenta con financiamiento público, por lo que recurre del cobro de cuotas como medio de subsistencia y a través del cual se generan recursos económicos como parte de un negocio privado, lo que implica que las personas que hacen uso de la prestación de sus servicios tengan que cubrir el pago de diversos conceptos.

En el caso de nuestro país, el único instrumento a través del cual se regulan las cuotas y pagos que deben ser cubiertos por la prestación de servicios educativos se encuentra el "Acuerdo que establece las bases mínimas de información para la comercialización de los servicios educativos que prestan los particulares".

En dicho Acuerdo se establecen algunos conceptos bajo los cuales las instituciones de educación privada pueden realizar cobros a los alumnos, por diferentes conceptos entre los que destacan el de inscripción y reinscripción.

Debemos señalar que las instituciones de educación privada cumplen con una misión digna que se traduce en la preparación de millones de mexicanos, que por diversos motivos no hacen uso de los servicios que ofrecen las instituciones de educación públicas. Sin embargo, es inexcusable que se realicen prácticas comerciales como el cobro de reinscripciones en perjuicio de las familias mexicanas.

La presente iniciativa tiene como objetivo fundamental eliminar la posibilidad de aplicar cobros por reinscripción, por considerarlo desproporcionado.

Consideramos que la naturaleza de las cuotas por reinscripción es abusiva para los padres de familia, ya que estos al pagar las cuotas de colegiatura por cada año escolar ya han cubierto con el costo de ingreso a las escuelas y estas últimas no deberían de volver a cobrarles dicho concepto.

Asimismo, creemos necesario que las instituciones de educación privada estén obligadas a dar a conocer de forma puntual y pormenorizada los servicios que están contratando, con el objetivo de que los padres de familia tengan pleno conocimiento de los pagos que tendrán que realizar.

Estamos convencidos que, con esta iniciativa, se protegerán los derechos de las familias mexicanas que hacen uso de los servicios educativos prestados por instituciones privadas, al garantizar que no realizarán pagos injustificados y totalmente desproporcionados, por lo que solicitamos de su apoyo.

Es cuanto.