Con la venia de la presidencia;
Señoras y señores Diputados;
Quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido Verde siempre estaremos a favor de la prevalencia del Estado de Derecho y el respeto a las Instituciones de seguridad y justicia reconocidas en nuestra Constitución Política, pues es ahí donde se garantizan derechos como el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho de los acusados a defenderse, tres acciones que fundamentan el Sistema Penal Acusatorio.
De la misma forma, se garantizan los derechos de las personas afectadas y que fueron violentadas en sus derechos humanos y patrimoniales cuando el actuar de una persona o grupo atenta contra ellos.
Si bien es cierto que resulta natural que los seres humanos nos defendamos frente a las amenazas que ponen en riesgos nuestra vida, nuestra familia y nuestro patrimonio, se debe señalar que en una sociedad el monopolio del uso de la fuerza es del Estado y sus instituciones que deben someter a los criminales al imperio de la ley, precisamente para evitar una confrontación entre civiles y que prevalezca la ley del más fuerte por encima del derecho y la razón.
No se puede negar que la situación de seguridad por la que atravesó Michoacán hace algunos meses fue crítica, sin embargo, con la llegada del Presidente Peña Nieto, quedó establecido desde los primeros días de su mandato que la seguridad sería retomada por el Estado Mexicano.
En consecuencia, las denominadas autodefensas que se formaron en distintos Estados, como Michoacán, debían desaparecer. Para lo cual fue enviado un Comisionado Especial que ayudará al Gobierno del Estado en el restablecimiento del gobierno constitucional y la transición de estos grupos armados hacia su reconocimiento e incorporación a las fuerzas de seguridad Municipales y Estatales.
Sin embargo, el Doctor Mireles se negó a entregar las armas y a reencausar su lucha a través de las instituciones previamente establecidas y reconocidas en la Ley. Esa decisión llevó a las Autoridades Federales a girar en el año 2014 las órdenes de aprehensión en su contra por violación a disposiciones federales como la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
En el Grupo Parlamentario del Partido Verde, creemos firmemente en que a los individuos sujetos a proceso se les debe proteger para que no sean vulnerados sus derechos humanos, incluidos el derecho a la salud, a un juicio justo y apegado a derecho, aunque no compartimos los argumentos esgrimidos por la promovente. Sin embargo, apoyamos la solicitud para exhortar al Poder Judicial Federal a que se ciña a los términos y plazos establecidos en el Sistema Penal Mexicano para dictar sentencia conforme a derecho en este asunto y nos pronunciamos también porque se tomen las medidas necesarias para garantizar el derecho del Dr. Mireles a que su salud sea atendida adecuadamente.
Es cuanto.
