*En México se registran anualmente 5.4 millones de víctimas por este crimen, sin embargo, la cifra podría ser mayor por la ausencia de denuncias

Con el objetivo de garantizar el bienestar de las familias y cuidar la integridad de las niñas, niñas y adolescentes, es obligado aumentar las penas en la legislación penal para el delito de abuso sexual infantil, propuso la diputada del Partido Verde, Rocío Corona Nakamura, al alertar que México ocupa el primer lugar en el mundo, en la comisión de este crimen.

Mediante iniciativa, planteó reformar el Artículo 261 del Código Penal Federal, a fin de que las penas vigentes aumenten considerablemente, para pasar de seis a 10 años de prisión, a los nueve y hasta 18 años de cárcel, con multas que alcancen los 752 mil 250 días de castigo.  

Corona Nakamura resaltó que la propuesta de incrementar las penas carcelarias permitirá atender, sancionar y erradicar el delito, mismo que abarca una amplia gama de conductas de violencia física o psicológica que incluye, tocamientos o manoseos corporales obscenos, o los que representen actos explícitamente sexuales u obliguen a la víctima a representarlos o verlos.

La legisladora ecologista expuso cifras de la alarmante situación de inseguridad que prevalece en México y hace vulnerable a la niñez. Con base en sitios especializados en la materia, se reporta que el delito de abuso sexual tuvo, a raíz del confinamiento por la pandemia, un incremento de al menos 496 por ciento. En nuestro país, se registran anualmente, aproximadamente 5.4 millones de niñas, niños y adolescentes víctimas de esta violación.

Cabe destacar que en siete de cada 10 ataques de abuso sexual infantil, el agresor es familiar del afectado y el 72 por ciento de los abusos ocurren en el hogar. Asimismo, se tiene identificado que el 90 por ciento de todos los reportes se ha cometido en contra de niñas y el 10 por ciento restante, en niños. Sin embargo, dicha cifra puede resultar errónea pues se estima que, al menos, nueve de cada 10 casos no se denuncian.

"Tenemos que reconocer y aceptar que se debe a la debilidad de nuestras leyes, al desinterés social e incluso a la complacencia institucional, que se ha otorgado y dotado históricamente de impunidad y tolerancia a este delito grave", concluyó Corona Nakamura.