• Vivir en zonas de riesgo representan un potencial importante de pérdidas humanas, económicas y degradación ambiental: Dip. David Pérez Tejada

Si bien es cierto, dentro del marco normativo nacional se han desarrollando diversos instrumentos de planeación para tratar de revertir el desarrollo de asentamientos irregulares, aún en México se estima, existen 13 millones de mexicanos que se encuentran en riesgo al vivir en zonas vulnerables o de conservación, expresó el diputado David Pérez Tejada.

Por ello, el secretario de la Comisión de Vivienda solicitó que se implementen multas más severas al funcionario público o autoridad que consienta, fomente u ordene este tipo de establecimientos, ya que “no sólo no resguarda los derechos de los individuos sino que influye negativamente en su calidad de vida”.

Y es que dijo, los asentamientos irregulares representan un potencial importante de pérdidas humanas, económicas y degradación ambiental al exponer a la ciudadanía a efectos climatológicos, condiciones de inseguridad y fenómenos naturales.

Subrayó que lamentablemente esta situación es generada por el incremento de la demanda de vivienda y el rezago económico al que se enfrenta un sector de la población, y lo cual ha suscitado que se construyan unos 80 mil hogares al año en condiciones precarias e inseguras.

Pérez Tejada puntualizó que la edificación de viviendas de alto riesgo trae consigo la demanda de servicios públicos que muchas veces no pueden ser satisfechos como son drenaje, abastecimiento de agua potable, sistema de alcantarillado y recolección de residuos.

Lo cual, agregó, “son condiciones para una elevada incidencia y prevalencia de enfermedades parasitarias, que pueden, ante la falta de atención o la deficiencia en la calidad de la misma, ocasionar la muerte o dejar secuelas en quienes las padecen”.

Por esta razón, el legislador por el Partido Verde reprobó que ciertas autoridades cedan ante el chantaje de quienes se asientan en zonas irregulares, “posterior a reprimir la invasión, servidores públicos participan en procesos de negociación o conciliación para regularizar la estancia de aquellos que accedieron al suelo vía mercado informal o la invasión, lo cual es un atentado directo en detrimento de las condiciones de vida de la ciudadanía”, concluyó.

 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO